Maltrato en España

Reproducimos artículo publicado en El Mundo recientemente:

Parlamentarios europeos alertan del «maltrato» y «abandono» de los perros de caza en España

«El trato a los galgos está en contradicción con los valores europeos», denuncia el Intergrupo de Bienestar y Conservación de los Animales en una carta remitida al Gobierno y a las 17 CCAA

¿Es una leyenda negra o realmente los cazadores españoles, o parte de ellos, abandonan, cuando no maltratan, a los galgos y a otros perros de caza justo al acabar la temporada de actividad cinegética? Las voces críticas han vuelto a aparecer. La última, el pasado 11 de marzo, por parte del Intergrupo de Bienestar y Conservación de los Animales (WCA) del Parlamento Europeo, que se ha dirigido formalmente al Gobierno de España y a sus 17 comunidades autónomas para manifestar su «preocupación» por el trato que reciben los perros usados para la caza. Esta agrupación de parlamentarios, la mayoría de origen centroeuropeo, califican estas prácticas como de «ejemplo particularmente grave» en un país, recuerda, que permite que «el 85,6% del territorio nacional sea terreno de caza, privilegiando así al 1,6% de la población que tiene licencia de caza».

En una carta remitida al ‘asesor jefe adjunto del primer ministro (sic)’, Iván Redondo, denuncian que el trato que reciben los galgos y otros perros de caza usados chocan con los valores europeos y, en concreto, con la condición de seres ‘sintientes’, reconocida en el artículo 13 del Tratado de Lisboa. De igual forma, instan a aprobar una «ley unificada de protección animal para todo el territorio español», que contemple normas esenciales sobre cría, identificación y registro de animales, multas ejemplares y penas privativas de libertad, así como controles policiales sistemáticos, además de que las rehalas en Andalucía dejen de ser ‘Bien de Interés Cultural’. «Nos preocupa especialmente el lento avance en la introducción e implementación de leyes de bienestar animal en España con respecto a los galgos y otros perros de caza», esgrime Ana Hazekamp, presidenta de este Intergrupo.

GUERRA DE CIFRAS

La cifra de abandono o maltrato de los canes en España tiende a la confusión. Para este Intergrupo, España padece la mayor incidencia de perros abandonados de la Unión Europea (180.000 ejemplares rescatados en 2019, según datos de la Fundación Affinity). Sin embargo, la Federación Española de Caza advierte que en esa cantidad están incluidos los perros domésticos, que representan la mayoría. En la carta, los europarlamentarios se quejan de informes como el del Seprona de la Guardia Civil, que contempla «tan solo ocho galgos abandonados en 2019».

La Benemérita elabora un estadillo anual basado en las denuncias presentadas. El último hecho público (2019), añade dos ahorcamientos de galgos y otros 38 perros de caza abandonados para un total de 1.418 infracciones relacionadas ese año con maltrato a perros de caza. Dichas estadísticas reflejan que entre todos los abandonos de perros en España, el 36% es de razas utilizadas para la caza («aunque muchos de estos ejemplares nada tiene que ver con el sector»), y en concreto los galgos es del 10%. Los agentes abrieron en 2019 un total de 463 expedientes por diferentes maltratos a galgos, de los que 109 fueron infracciones penales a los que hay que sumar otros 1.157 (144 vía penal) de otras razas de perros de caza. La Fundación Affinity cifra el abandono de perros de caza ese mismo año en el 11,6% y el partido animalista PACMA eleva a 5.588 los ejemplares rescatados por protectoras de animales.

En cada temporada se utilizan en nuestro país unos 43.000 perros para actividades cinegéticas; de ellos, unos 15.000 galgos están federados. Esta raza es muy utilizada para la caza menor por sus condiciones innatas para la velocidad. Pero una vez finalizada la temporada (mes de febrero), ¿qué se hace con ellos? Asociaciones animalistas como Galgos del Sur exigen la prohibición legal de la caza con perros a campo abierto en España, como ocurre en el resto del continente europeo. «Se debe cambiar la legislación porque las penas por abandono o maltrato animal son muy bajas», denuncia Javier Luna, cofundador de la asociación protectora de animales Galgos del Sur, que asegura haber rescatado a 2.500 de perros -en su mayoría galgos- en sus 12 años de trabajo en la provincia de Córdoba desde su fundación.

El Intergrupo proteccionista explica que «la caza con perros en campo abierto, modalidad en la que no interviene el hombre, está prohibida por ley a causa de la crueldad que ello conlleva y esto contrasta -continúan- con las leyes y prácticas que en España se impulsan activamente desde lo público, incluso hasta el punto de otorgar subvenciones a organizaciones involucradas en el fomento de la caza con galgos y perros».

En este sentido, esgrime que «el trato a los perros de caza en España está en contradicción con los valores europeos y no encontramos justificación alguna de la diferenciación en la protección que se otorga a los animales de compañía frente a la que se da los galgos y a otros perros de caza, considerados animales de trabajo». Manuel Gallardo, presidente de la Federación Española de Caza, esgrime lo contrario: «La caza sin perro no es fácilmente entendible porque si desaparece el perro desaparece la caza», esgrime.

CAMPO ABIERTO

Con más de 335.000 licencias y la representación de más de un millón de cazadores en España, la Federación Española de Caza ha reaccionado a las quejas europeas y ha replicado en un escrito dirigido al presidente del Parlamento Europeo, David-Maria Sassoli, en la que le trasladan «nuestra queja formal» y exigen una rectificación de las declaraciones de los miembros del WCA «por la falta de rigor y respeto hacia millones de cazadores europeos que desarrollan una actividad legítima, legal y de gran valor ambiental, social, cultural y económico».

Gallardo asegura que recibió «con gran sorpresa y malestar» la carta de los europarlamentarios, «que se salen de sus competencias con una marcada tendencia política anticaza para su deslegitimación», además de basarse en «datos falsos, no contrastados y que atentan contra nuestra actividad y nuestro sector, como la mezcla de cifras sobre perros abandonados en general en comparación con la de galgos, creando confusión y con una absoluta falta de rigor». En su opinión, la intención es «criminalizar al sector cinegético y esta estrategia ha llegado ahora a Europa para que cada vez se ponga más difícil cazar».

En todo caso, Gallardo puntualiza que «si ha existido algún maltrato animal en España, nuestra entidad es la primera que condena esta actividad y da un paso al frente para que aquellas personas que han cometido un delito lo paguen en su justa proporción», pero, a la par, considera que «la Eurocámara no es el lugar para criminalizar gratuita y engañosamente a millones de españoles que no comparten los ideales de un grupo de eurodiputados».

PENAS LEVES

Javier Luna, que también es miembro de la Junta Directiva del Partido Animalista PACMA considera que esta denuncia de WCA «obliga sin más demora al Gobierno de España a actuar» porque se trata de casos «muy generalizados en un sector que cuenta con el apoyo institucional porque los cazadores son un lobby muy poderoso». Luna pone como ejemplo el de dos cazadores de Valladolid que ahorcaron y abandonaron a dos galgos y un ‘terrier’ alemán en 2017, recayendo sobre ellos penas de 4 y 8 meses de cárcel. Luna considera que esta denuncia de europarlamentarios supondrá un respaldo jurídico las tesis animalistas: «es el inicio de una nueva etapa en la lucha para que prácticas crueles y minoritarias como la caza con perros sean prohibidas», recalca.

LEY DE BIENESTAR ANIMAL

No hay que olvidar, además, que en este contexto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 tramita en esta legislatura el Anteproyecto de Ley de Bienestar Animal en la que la Federación de Caza quiere realizar sus aportaciones. «Me temo que el Gobierno pueda crear otro conflicto social como lo que ha ocurrido con la caza del lobo«, se queja Manuel Gallardo. Todo ello, asegura, en un país donde «ya existen más animales de compañía que niños menores de quince años», advierte de forma incrédula, mientras se queja de que «vemos pasear a más personas con perros que a acercase a las residencias de mayores para dar un paseo con sus padres». Y advierte: «Los perros no piensan como las personas, no tienen derechos, porque si no tendrían que tener obligaciones, pero desgraciadamente asistimos a la disneyalización de la sociedad», resume.

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